No hay verano sin Romano: la importancia del Derecho Romano en la formación de los juristas, y más allá.

Hace unos días, tras una reunión con un compañero contrario de agenda apretada, éste me indicó que sus dificultades para vernos provenían de la cantidad de tiempo que le ocupaba su condición de profesor de Derecho Constitucional en una universidad madrileña. Ante las cuestiones que le planteé sobre la relevancia de la labor docente, el compañero me dio a entender que más que a futuros profesionales del Derecho, su interés estribaba en la casi imposible labor de formar personas, ante la penosa calidad del material humano que le llegaba. Sinceramente, conociendo a bastantes integrantes de la generación que ahora ocupan los primeros cursos de las facultades, no creo que sea para tanto; y que el choque generacional que nos lleva a despotricar contra los que son más jóvenes que nosotros es algo que nos convierte irremediablemente en viejos (no mayores).

En todo caso, recordando mi aterrizaje en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, bajo el vetusto (aunque no se si muy eficaz a estas alturas) plan del 54, y teniendo en cuenta que como personas nos tenemos que ir construyendo cada uno a nosotros mismos, sin perjuicio del ambicioso y en consecuencia desesperanzado interés del compañero, me di cuenta de la importancia que tiene el impresionante toro bravo que supone el estudio del Derecho Romano en primero de carrera.

La base de la asignatura, era, y es, el Derecho Privado; pero ¿qué sabe uno con 18 años sobre qué es el Derecho Privado? El temario de Romano te lo dice: se empieza estudiando los distintos periodos de la Historia de Roma, según sus instituciones políticas: y eso, es Derecho Público. A veces se hace alguna referencia al Derecho Penal, y con el tiempo, uno se da cuenta de que éste, siendo actualmente una parte del Derecho Público, el Derecho Penal Romano tiene una eminente intención resarcitoria, tanto en términos económicos como de venganza (cuestión absolutamente tabú para nuestra sociedad, aunque muy humana). Es decir, con una absoluta naturaleza de Derecho Privado.

Se va analizando el nada desdeñable hecho que el Derecho, aún siendo elaborado conforme a la influencia griega en su método (casuístico), era algo rigurosamente original de aquella sociedad. Y que lo que persigue, una vez superadas la épocas arcaica, donde la religión se confundía con las normas y donde la máxima autoridad jurídica era la que emanaba del Pontífice Máximo (en un principio, y hasta el 254 A.C., sólo podían acceder al cargo patricios), era sencillamente ofrecer soluciones. Estas soluciones las estudiamos mediante el razonamiento que nos han legado los jurisconsultos, en los casos. Y estos razonamientos son la semilla para construirnos como juristas, para colocar a nuestro cerebro en la disposición de utilizarlo en la resolución de los asuntos que se nos plantearán a lo largo de nuestra vida profesional.

Esto es algo que no debemos olvidar: cuando ejercemos la profesión de abogado, nuestra primera obligación, más que estudiar (el estudio debe ser una herramienta), es cavilar y buscar la solución más sencilla. En la casuística, que se elabora con una plena intención didáctica y de desarrollo, intervienen multitud de instituciones, y muchas veces observamos que, si bien el caso tiene un origen claramente real, el jurisconsulto de turno lo retuerce y lo somete a las opiniones de sus colegas, con divergencias o coincidencias , para ver hasta dónde se puede llegar, y para investigar en el alcance de su razonamiento. Casi siempre intervienen una pluralidad de instituciones, en las que se analiza el alcance de cada una de ellas y cómo se limitan. Se estudia la complejidad ritual de los negocios jurídicos de los romanos, y que aunque ésta tenía un origen religioso, su articulación proviene de la necesidad humana de que las cosas “queden bien claras”: la fijación de la inequívoca voluntad de los contratantes en un sentido concreto.

Con el estudio del Derecho Romano vamos a abordar un sistema jurídico completo y complejo, y vamos a compararlo con el nuestro y con otros. Todavía no lo sabremos, pero todo lo que estudiemos, nos será de vital importancia cuando nos toque afrontar nuestro Derecho Civil, en gran medida su nieto. Vamos a tener una primera aproximación a aforismos que utilizaremos a lo largo de nuestra vida profesional (con la moderación que exige la sencillez) y vamos a poner la primera piedra de un espíritu crítico que nos va a resultar muy necesario y muy reconfortante. Debo confesar que a pesar de todo, yo suspendí romano para septiembre. Pero en mi descargo diré que de vez en cuando, en mi tiempo libre, le echo un vistazo a mi ajado manual de d’Ors. Y lo disfruto.

pd: Omnis definitio in iure civili periculosa est.

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No hay verano sin Romano: la importancia del Derecho Romano en la formación de los juristas, y más allá.

La reforma que viene de la Ley de Enjuciamiento Civil: el nuevo Juicio Verbal.

En medio de la avalancha legislativa que estamos sufriendo (Reforma del Código Penal, del Baremo, las continuas modificaciones de la Ley Concursal, por citar algunas de las que más relevancia tienen en el ejercicio de la abogacía) se acaba de producir un hito de vital trascendencia: el paso a la Comisión de Justicia del texto para la nueva reforma (¿cuántas irán?… mi base de datos contabiliza ¡¡45 versiones!!), de nuestra aún joven ley rituaria, en sede parlamentaria, tras el rechazo del pleno a las enmiendas planteadas por la oposición.

Siempre se critica el exceso normativo y el poco respeto que tiene la mayoría de las veces el legislador por sus propios engendros, sometiéndolos a revisión de forma continua. La realidad suele imponerse a las bienintencionadas construcciones legislativas, y en el caso concreto de ciertos aspectos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ésta era necesaria, pues determinadas instituciones planteadas en origen se han demostrado defectuosas para sus fines, como es el caso evidente del Juicio Verbal.

Los distintos sistemas procesales suelen articular procedimientos que, por razón de la cuantía o de la relevancia de lo que se ventila, provean a los operadores jurídicos de instrumentos que revistan mayor agilidad: se piensa, falsamente, que el asunto de “poca importancia” (cuestión completamente subjetiva), no está necesitado de las mismas garantías que cualquier otro litigio. Así, varias generaciones de juristas hemos visto y hemos ejercido asuntos en sede penal donde se discutían indemnizaciones millonarias, bajo la liviana regulación del Juicio de Faltas (con su próxima sustitución por los procesos para el enjuiciamiento de los nuevos delitos leves, de la que ya se hará mención en este blog). En estos juicios, cada juzgado, de instrucción o de paz, tenía bastante autonomía de decisión (fundamentalmente con sus propios sistemas de pseudo-instrucción), en base a la exigua normativa a la que debían someterse.

Con los juicios verbales, la experiencia de estos 15 años, sólo se puede describir como aterradora, si contemplamos su práctica desde una perspectiva del cacareado derecho a la tutela judicial efectiva en relación directa con el principio procesal de igualdad de armas. Tanto es así que, a la “ventaja natural” que suele tener la dirección letrada del demandado (Si hacemos un símil futbolístico, con un juego defensivo se pueden ganar torneos), se le añadía la que el propio proceso otorgaba: era un juicio estrictamente verbal sólo para la parte demandada. El demandado sólo planteaba sus alegaciones y aportaba su prueba documental tras tener por escrito la demanda de la parte actora. Es cierto que existe la herramienta de la “demanda sucinta”, pero no nos engañemos: los letrados queremos que nuestros hechos y fundamentos de derecho queden lo más claro posible, y ante las cortapisas que muchos jueces ponían al desarrollo oral de esa demanda sucinta, la práctica habitual nos ha ido obligando a utilizar demandas completas y a ratificarnos en la misma. Los abogados, cuando caían en nuestras manos pleitos como demandados en verbales, estábamos tan felices. Tácticamente es enormemente ventajoso. Y al revés, la incertidumbre de la contestación que nuestro compañero contrario nos iba a oponer nos causaba bastantes quebraderos de cabeza.

La reforma de la institución tiene precisamente este alcance: introducción de la contestación escrita a la demanda, inclusión de trámite de conclusiones (lo que pondrá definitivamente el punto y final a la incertidumbre y a la sempiterna pregunta al procurador sobre si en ese juzgado S.S. las concedía) y la introducción del recurso de reposición frente a la inadmisión de prueba (aunque existían jueces -los menos- que ante su resolución permitían alguna alegación, rara vez modificaban su parecer, teniendo la parte que formular protesta para hacer valer sus derechos en segunda instancia). En definitiva, parece razonable el nuevo cauce que tendrán los numerosos juicios verbales que se ventilan a diario en nuestros juzgados, y que este planteamiento supondrá una inyección de seguridad jurídica a unos juicios que no merecían menos.

El resto de las cuestiones que aborda la reforma, mucho me temo que serán, como casi siempre, tiros al aire: se acertarán en algunas cosas y en otras, habrá que esperar a que la práctica ponga las cosas en su sitio. Pero vamos a ver si no tenemos que esperar quince años.

Guillermo Calvo. Abogado.

La reforma que viene de la Ley de Enjuciamiento Civil: el nuevo Juicio Verbal.

Por qué las aseguradoras no pagan los siniestros. Aproximación al fenómeno desde una perspectiva de negocio.

La respuesta al título de la entrada es muy sencilla, pero poco satisfactoria. Es evidente que el objeto principal de una compañía de seguros es ganar dinero. La cuestión, que igualmente podemos plantearla con cualquier otro negocio (ya sean gigantes financieros o pequeños empresarios) es ¿a qué precio? Por supuesto que existen honrosas excepciones en el mercado, con compañías que compaginan su vocación de servicio al cliente con un crecimiento y unos beneficios perfectamente legítimos. Pero para qué nos vamos a engañar: son la excepción, y la política de pagos de indemnizaciones de la mayoría de las compañías suele implicar un atentado directo a los intereses de sus clientes, y a lo pactado en sus propias pólizas. Sin que sirva como excusa a esta situación, hay que tener claro que no todo el mundo entiende que los seguros no lo cubren todo, así como el elevado fraude que sufren las aseguradoras en España. En todo caso, además de la obvia respuesta al título del artículo, los motivos “que la desarrollan” son éstos:

-Enorme capacidad financiera y de liquidez de las entidades aseguradoras, que hace que puedan soportar multitud de reclamaciones, con el riesgo inherente a que éstas prosperen. No hay que olvidar que, con independencia de cualquier otra consideración, las aseguradoras son empresas expertas en riesgos, y tienen perfectamente calculado el que sufren cuando dejan de pagar lo que deben, o cuando pueden discutirlo.

-Estructuras rígidas, en las que los responsables de los departamentos tienen interés directo en los rehúses a pagar indemnizaciones, con una muy poco loable visión cortoplacista.

-Externalización de los abogados de las aseguradoras, que si bien tienen contacto directo con los responsables y tramitadores de siniestros, no han intervenido directamente en la gestión de los mismos, y que muchas veces tienen órdenes de interponer las mayores trabas posibles a las acciones de los asegurados.

-Circunstancias del mercado: tradicionalmente se tenía al sector del Seguro como acíclico, en tanto en cuanto la falta de actividad (a todos los niveles, privada, empresarial) suponía un considerable descenso en el volumen de siniestros, con lo que en un escenario de crisis, sus beneficios no se veían demasiado afectados. La situación que vivimos ahora lo ha cambiado todo: la suscripción de riesgos raramente se realiza bajo criterios técnicos, y en un mercado tan competitivo, los beneficios se ven tocados.

-Ineficacia absoluta de los cauces extrajudiciales (las instituciones de protección que por ley deben tener las aseguradoras son algo meramente de cara a la galería, y la de la propia Dirección General de Seguros no tiene fuerza ejecutiva) y lentitud de los judiciales, ante las controversias: es francamente descriptivo lo que ocurre de vez en cuando: al acudir a negociar de forma extrajudicial un siniestro de cierta importancia a una aseguradora, ante la mínima divergencia, te plantean: “A nosotros nos da igual pagar ahora 170.000 € o 300.000 dentro de cinco años”, cuando esos cinco años de retraso, incluyendo los famosos intereses indemnizatorios, pueden dar lugar directamente al cierre de la empresa asegurada.

Lo peor es que la reforma de la Ley de Contrato de Seguro, en el nuevo Código de Comercio, sobre la que ya publicaré alguna entrada, no parece que tenga una inspiración de tutela de los asegurados.

Por qué las aseguradoras no pagan los siniestros. Aproximación al fenómeno desde una perspectiva de negocio.

Daños y perjuicios en tratamientos estéticos de fotodepilación. Nota sobre sus reclamaciones judiciales.

En el actual panorama de crisis, como siempre, hay sectores que experimentan un crecimiento que puede resultar chocante; sorpresa que desaparece en cuanto uno echa un vistazo global al orden de valores que se imponen en las sociedades modernas, con el que queda claro que el sentirse bien y ofrecer una imagen acorde con los modelos que van destacando en nuestro entorno es una necesidad que se puede cubrir de forma asequible. En parte porque montar un negocio “más allá de la peluquería”, con técnicas y tratamientos estéticos es relativamente poco costoso, por lo que ante la enorme demanda, muchos empresarios sin apenas experiencia en el sector se animan a abrir sus centros de belleza, en los que se realizan prácticas como la fotodepilación.

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Así que nos encontramos con un mercado ávido de estos tratamientos, y con cada vez más sectores de población (no sólo mujeres jóvenes) dispuestos a eliminar el vello corporal mediante estas técnicas, en un entorno casi sin regulación específica. Esta entrada trata sobre los posibles daños derivados de tratamientos de fotodepilación en centros de estética, sin referirse a los que se practican en centros de medicina estética por médicos, distinción que ya pone de manifiesto la Audiencia Provincial de Asturias en su Sentencia de 30 de diciembre de 2013, que aplica el criterio del Tribunal Supremo (Sentencias de 5 de febrero de 2001, de 26 de marzo de 2004, de 17 de noviembre de 2004, de 5 de enero de 2007 y de 26 de abril de 2007 ) y que se fundamenta en la aplicación del criterio de imputación por vulneración de la Lex Artis:

“(…) dado que es inherente a los mismos la aplicación de criterios de responsabilidad fundados en la negligencia por incumplimiento de la lex artis ad hoc; es claro que el supuesto enjuiciado no nos encontramos ante un acto médico, ya que ni tan siquiera el tratamiento realizado por una profesional sanitaria; y aunque lo fuera, así en un supuesto de fotodepilación por láser realizado en una clínica por una auxiliar sanitaria, tampoco no encontramos con un acto médico”

Cuando en el ejercicio de la abogacía, ya sea como letrado de perjudicados por estos tratamientos estéticos o defendiendo a propietarios de los centros y sus trabajadores, me he enfrentado a estos asuntos, lo primero que me ha llamado la atención ha sido el aparente vacío legal que existe. Aparente porque afortunadamente siempre tenemos herramientas legales genéricas con las que articular nuestra acción o defensa; de todos modos, esa carencia se refiere sobre todo a una regulación específica de un sector en el que se manejan herramientas tecnológicas con tanta incidencia para la salud.

DEPI

En España, sólo existe hasta el momento una Orden de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, que parece más bien dedicada a medicina estética propiamente dicha, y de la cual desconozco su grado de aplicación. Nos encontramos ante un desierto normativo, aunque se prevé la futura implantación de una legislación sectorial a lo largo de 2015.

Mientras tanto, ante los daños derivados por estos servicios, deberemos acudir a nuestro sempiterno régimen general de responsabilidad civil (entiendo que siempre contractual, derivada de los artículos 1.101 y siguientes del Código Civil, pues nadie se depila mediante máquinas láser o análogas sin que exista una relación de prestación de servicios de por medio, por más que me encuentre con burofaxes de contrarios pretendiendo interrumpir la prescripción de la acción con la urgencia de una acción aquiliana extracontractual y cosas semejantes), y por la normativa referida a protección de consumidores y usuarios (fundamentalmente el RD Legislativo 1/2007).

Tipos de fotodepilación:

Sin demasiado rigor, podemos decir que existen dos tipos de fotodepilación: la láser y la llamada de Luz Pulsada Intensa, o IPL. En realidad, la IPL es un tipo de luz con una longitud de onda menos ordenada, aparentemente menos invasivo y también menos eficaz, que el resto de sistemas láser (que se clasifican según su longitud de onda). La potencia de los dos sistemas se mide por Julios/cm2

Ambos procedimientos actúan de la misma manera: el haz de luz, ya sea láser o IPL, es absorbido de forma selectiva por la melanina que contiene cada pelo, transformando su energía en calor, llegando hasta la raíz del vello y destruyendo directamente el folículo piloso, en un fenómeno llamado termolisis, sin que afecte (en realidad, sin que deba afectar, como ya veremos) al resto de piel.

Daños que puede producir:

Continuamente se realizan tratamientos de fotodepilación, en centros de estética o médicos sin que se produzca ningún resultado adverso. La inmensa mayoría de los profesionales dedicados al sector cuenta con la adecuada formación, adquiere los aparatos con todas las garantías, realiza los tratamientos con prudencia, y en ocasiones deben renunciar a realizarlos si observan la mínima posibilidad de que se produzca algún daño o efecto secundario no deseado. No obstante, la realidad es que, a pesar de todo, se producen daños en estas prácticas, con una casuística bastante variada, pues variadas son las características físicas de las personas y siempre es posible que exista una falta del cuidado debido (en la formación del operario, en el mantenimiento de la máquina, en la calificación del tipo de piel -fototipo-, o en el mismo sujeto o paciente, que se somete al tratamiento sin atender las recomendaciones e indicaciones al respecto). En general, los daños que se producen en estos casos son quemaduras, casi siempre leves o de primer grado (eritemas) y que sólo afectan a la capa superficial de la piel, además de otras secuelas que pueden ser consideradas como daños estéticos, dependiendo de su intensidad, duración y gravedad, que inciden sobre la coloración de la piel (hipo e hiper pigmentaciones, con la llamativa forma del aplicador del haz de luz). Pero no sólo pueden producirse daños por la acción directa de las máquinas, sino que el uso de productos anestésicos por vía tópica, sin el debido cuidado, pueden dar lugar a reacciones indeseadas. También debemos tener claro que aún siendo tratamientos bastante seguros, no dejan de ser acciones que implican una cierta agresión, y que ciertos enrojecimientos, molestias y picores deben ser tenidos en cuenta como consecuencias asociadas y asumidas por el propio cliente.

La acción; la defensa.

Hay abogados, que en claro abuso del derecho constitucional a la Tutela Judicial Efectiva, aún ante supuestos de daños que, como los producidos en estos tratamientos, tienen un clarísimo encuadre en la jurisdicción civil, siguen planteando denuncias en sede penal, no tanto para obtener una condena con el correspondiente pronunciamiento a efectos indemnizatorios, sino para conseguir una valoración del médico forense de forma gratuita, y acudir posteriormente esgrimiéndola ante el juzgado de primera instancia. Dicha estrategia sigue siendo consentida por muchos jueces de instrucción, quizá dejándose llevar por la práctica seguida en faltas y delitos culposos en el ámbito de la circulación de vehículos de motor. En cualquier caso, el verdadero ámbito de estos litigios es la Jurisdicción Civil, y desde hace tiempo no suelen prosperar las denuncias penales (excepción: Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 22 de noviembre de 2007, o la más reciente, Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 13 de junio de 2014).

También hay que considerar contra quién dirigimos la acción: si consideramos, como se ha dicho, que estamos en el marco de una relación de prestación de servicios, habrá que iniciarla contra el efectivo prestador de esos servicios. En este sentido, hay que observar que muchos empresarios autónomos realizan su actividad bajo una marca comercial. Y en ocasiones, las demandas se ejercitan sobre esas marcas o sus simples poseedores, a las que letrados o bien poco experimentados o con demasiada carga de trabajo, incluyen en la legitimación pasiva de sus acciones, sin que las mismas tengan personalidad jurídica, o teniéndola, no sean los titulares de la relación contractual con el perjudicado. Es fundamental ejercitar la acción contra el agente causante, ya sea persona física o jurídica, identificándolo debidamente y siendo éste el que realizó el tratamiento. A estos efectos, resulta de interés la lectura de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 9 de marzo de 2012, en la que la parte actora obtiene sendas desestimaciones, en instancia y en apelación, con sus pertinentes condenas en costas, por demandar a la mercantil que, poseyendo el derecho sobre la marca, la vendía mediante licencias sin ser la prestadora del servicio:

“Pero no hace ninguna falta tener conocimiento de ese contrato para conocer quien es la persona o entidad que explota el negocio en el que la demandante celebró el contrato y en el que recibió los servicios de fotodepilación, y de esta forma dirigir la demanda contra quien verdaderamente prestó esos servicios. Quien acude a la vía jurisdiccional para solicitar la tutela judicial de sus derechos tiene la obligación de realizar una correcta preparación de su demanda, constituyendo adecuadamente la relación jurídico procesal, asegurándose de quién es la parte con la que mantuvo la relación jurídica material de la que dimana la responsabilidad que pretende exigir en el pleito. Existen numerosos medios para descubrir quien es el titular de un establecimiento mercantil abierto al público. No consta en autos que la demandante ni tan siquiera preguntase o requiriese en el establecimiento donde recibió el tratamiento sobre la persona o entidad mercantil que fuese la titular del negocio. En último extremo, caso de existir dudas, quien pretenda demandar tiene la posibilidad de preparar el juicio correctamente haciendo uso de las diligencias preliminares ( art. 256 y siguientes de la LEC ), que le permitirán pedir a la persona a quien se dirigiría la demanda que declare bajo juramento o promesa sobre algún hecho relativo a su capacidad, representación o legitimación, o que exhiba los documentos en los que conste dicha capacidad, representación o legitimación.”

Como es lógico, antes de iniciar un pleito ante unos daños por depilación por láser o luz pulsada intensa, la buena praxis como abogados nos debería llevar a intentar conocer si la actividad profesional por la que se ha producido el percance está cubierto por una póliza de seguro. Hasta hace poco, estos riesgos sólo se cubrían mediante pólizas colectivas de asociaciones profesionales o patronales, a las que estaban adscritos sólo una pequeña parte de los empresarios dedicados al sector de la estética y con este tipo de servicios. Afortunadamente, el mercado asegurador empieza a ofrecer pólizas a precios razonables y cada vez son más los operadores que las tienen suscritas, para su tranquilidad y las de sus clientes. Ante el incumplimiento por parte de la aseguradora de satisfacer al perjudicado, es obvio que habría, o bien que ejercitar la acción directa contra ella, o bien codemandarla. También se suscita la cuestión de formular la demanda contra el personal dependiente del empresario, entendiendo que así es, en la medida en que éstos hayan participado en la producción de los daños siendo responsables de los mismos, al amparo del artículo 132 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Todo ello, sin perder de vista, la práctica habitual ante reclamaciones de responsabilidad civil, fundamentalmente la dirigida a establecer la relación de causalidad entre daño y tratamiento, con intervención de culpa o negligencia por parte del empresario o su personal, con una adecuada valoración de los daños.

Con respecto a la defensa por parte de los empresarios del sector ante estas reclamaciones, hay que actuar de forma preventiva; deberemos tener muy presente que el sentido común en el ejercicio de cualquier actividad es la mayor garantía para que no se produzcan incidentes dañosos. Este sentido común debería materializarse en lo que respecta a la actividad de fotodepilación en ciertos aspectos, sin que el orden en que los planteo tenga relación con su importancia:

-Adecuada formación de las personas que vayan a trabajar directamente con los clientes. Ante la falta de regulación del sector, nos encontramos con que las propias firmas de distribución de las máquinas son las que imparten los cursos que “habilitan” para utilizarlas. Por mi experiencia, esto no sólo es insuficiente, sino que dichos cursos, cuando se dan, suelen consistir en brevísimas nociones sobre tipos de piel y sobre el manejo de cada aparato. Por otra parte, en el Grado Superior de Formación Profesional en estética se imparten de forma general determinados aspectos sobre la materia; formación que resulta, en principio, de escaso alcance, cuando se trata de trabajar con instrumentos tan complejos y con la capacidad de producir daños graves. Hay que ser consciente de que

-Adquisición de maquinaria que cumpla los requisitos legales: las Directivas Europeas 2006/95/CE y 2004/108/CE -aplicables a las máquinas de fotodepilación y de obligado cumplimiento en España-, que tienen por objeto proteger la seguridad de las personas regulando el procedimiento para que esas máquinas puedan comercializarse legalmente, así como el cumplimiento del más estricto mantenimiento.

-Suscripción de una póliza de seguro que cubra expresamente la responsabilidad civil derivada de la actividad profesional de fotodepilación.

-Establecimiento de un estricto protocolo interno en el centro de estética o belleza en el que la salud del cliente tenga total prevalencia sobre el negocio, de tal forma que ante cualquier sospecha de posible incompatibilidad del cliente con el tratamiento, se rechace su aplicación. Hay que tener en cuenta que la firma por parte del cliente de un documento asimilado al consentimiento informado de los tratamientos médicos, no supone en modo alguno una exención de responsabilidad. Hay que tener meridianamente claro que estamos ante unos tratamientos que pueden tener una importante trascendencia para la salud, y que no somos médicos, y que podemos encontrarnos ante un cliente que haya incumplido las recomendaciones, con el grave problema que esto puede suponer.

-Una vez ya en sede procesal, frente una demanda, la contestación a ésta y la prueba que presentemos ante los tribunales deberá dirigirse a demostrar que como empresarios, hemos cumplido con toda la diligencia debida en nuestra actividad, y que en todo caso los daños han sido ocasionados por circunstancias completamente ajenas y extrañas.

En definitiva, ante una falta de normativa legal más concreta que regule el sector, las expectativas de litigiosidad ante el hecho de la proliferación de centros que ofertan estos servicios, son crecientes.

Guillermo Calvo Ramírez.

Abogado.

Daños y perjuicios en tratamientos estéticos de fotodepilación. Nota sobre sus reclamaciones judiciales.

Las Causas Menores

Minores Causae es la expresión latina con la que se designaban, durante el Bajo Imperio, aquellos litigios y pleitos que versaban sobre asuntos de pequeña entidad. Lo que en el momento actual podrían ser los juicios de faltas en el ámbito penal, o los verbales en el civil, dicho sea como simple ejemplo comparativo. Ahora también hay causas “menores”, y la segregación de este tipo de asuntos hacia procedimientos específicos, separándolos de los procesos articulados como principales en nuestra diversa normativa procesal tiene como fundamento el loable interés del legislador en agilizar los resortes de la administración de justicia, con sistemas para el enjuiciamiento menos complejos y supuestamente más veloces, pero obviamente menos garantistas.

Todo aquel que se ha enfrentado o se ha visto envuelto en cualquier problema legal, ya sea desde algo tan trivial como una sanción de tráfico injusta, pasando por un problema vecinal en el seno de su comunidad de propietarios, hasta una crisis matrimonial o un complejo conflicto societario, lo que ha visto afectado es algo muy íntimo de su ser. El ataque a su derecho. Por eso no hay causas menores, más allá de que se me haya ocurrido titular así esta primera entrada del blog, haciendo un pequeño juego de palabras; porque la distinción entre causas menores y mayores responde sólo a criterios técnicos, y aunque las consecuencias derivadas de unos y otros asuntos son en general bien distintas, lo que se ventila en ellos es básicamente lo mismo: lo que Quevedo expresaba en la paráfrasis que luego, con sus derivaciones, se ha hecho refrán: “ni es por el güevo ni es por el fuero”.  Ese es el objeto de este blog: analizar desde una perspectiva crítica los diversos avatares que, en el ejercicio del oficio de abogado y como defensor de intereses ajenos, me vayan sucediendo, sin importar cuantía ni relevancia, con el absoluto respeto a la confidencialidad y al deber de secreto que impone la profesión. Y que considere que resultan de interés para alguien, ya sea compañeros, justiciables, o simples transeúntes. Haré comentarios sobre herramientas prácticas, publicaciones, relaciones con el resto de operadores jurídicos; también pretendo escribir sobre otros temas coyunturales: dolores de espalda y cabeza, puñaladas traperas (de compañeros contrarios, con las que uno cuenta, y de algunos clientes, a las que uno tarda en acostumbrarse), pero el propósito general es más bien técnico y práctico. Ya veremos.

Las Causas Menores